Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La redistribución de los recursos federales a estados y municipios no ha logrado vencer el rezago del sur del País ni ha incentivado el crecimiento económico, por lo que urge una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal.
Esa Ley tiene por objetivo redistribuir entre las entidades y municipios los ingresos de la federación.
Cuenta con componentes como las Aportaciones o Ramo 33, para compensar a las entidades más pobres y mejorar sus condiciones sociales y económicas; y las Participaciones o Ramo 28, que buscan incentivar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio, según describe la Secretaría de Hacienda.
Para Flavia Rodríguez, directora de la consultora Aregional, si bien algunos estados reciben más de lo que recaudan, es necesario mantener este sistema para conservar la paz social. No obstante, se debe exigir a los estados que usen el dinero extra para desarrollarse.
Otro de los problemas es que la Ley no premia el esfuerzo recaudatorio de las entidades, sino que asigna recursos dando mayor peso al nivel de población, asegura un análisis publicado en 2016 por Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda.
Datos oficiales muestran que las Aportaciones representan cerca de 12 por ciento del presupuesto total, con 747 mil millones de pesos en 2019.
Desde que se establecieron las Aportaciones, en 1997, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Chiapas y Oaxaca han sido las entidades que más recursos reciben.
Son precisamente estas tres últimas las que actualmente registran los niveles más bajos de desarrollo social, medido a través del Índice de Progreso Social 2019, elaborado por Social Progress Imperative.
En cuanto a las Participaciones, que representan cerca de 15 por ciento del presupuesto total con 920 mil millones de pesos, no es claro que se logre incentivar la actividad económica y la recaudación.
De 1980 a la fecha, estados como Baja California Sur, Aguascalientes o Querétaro han crecido más de 100 puntos en el Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE), mientras que Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche no alcanzan los 50 puntos de crecimiento.
Desde que se estableció el pacto fiscal, a finales de los setenta, las entidades de menor crecimiento ya mostraban rezagos en esta variable y su mejora es prácticamente nula.
De acuerdo con Daniela Brandazza, analista de S&P, es necesario repensar las fuentes de financiamiento de los estados, puesto que en el proceso de descentralización, los gobiernos locales no obtuvieron de la federación lo necesario para cubrir algunas necesidades y nuevas responsabilidades como proveedores de servicios, como el caso de la educación.
