Agencias
SAN SALVADOR.- La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha puesto un freno al presidente Nayib Bukele.
Tras un enfrentamiento entre el mandatario y el Congreso ocurrido el domingo, cuando Bukele pidió a policías y fuerzas armadas que entraran al Legislativo para presionar la aprobación de un préstamo para impulsar su estrategia de combate a las pandillas, la Sala de lo Constitucional de la Corte se pronunció el lunes.
En una resolución difundida en Twitter, el organismo ordena a Bukele que se abstenga de hacer uso de la fuerza armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y que ponen en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo.
Asimismo, ordena al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados y exige al Consejo de Ministros –del cual forma parte Bukele–, el cese de los efectos de convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria para aprobar el préstamo.
El último punto alude al artículo 167 constitucional invocado por Bukele, que corresponde al Consejo de Ministros y permite “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”. Con éste, el presidente pidió a los legisladores presentarse el domingo en el Congreso para evaluar su propuesta.
Bukele tardó sólo unos minutos en responder a través de Twitter y, citando el documento de la Corte, escribió:
La tensión se disparó cuando Bukele llegó al Palacio Legislativo para encabezar la sesión extraordinaria que convocó, pero a ésta sólo asistieron 22 de los 84 diputados. Sin embargo, la presencia de uniformados dentro y en los alrededores del Congreso alertó a los salvadoreños, activistas, ONGs y prensa internacional.
“Este fin de semana el país ha vivido un episodio bastante peligroso. Se estuvo al borde de un quebrantamiento del orden constitucional propiciado por el mismo presidente de la República”, dijo Jeannette Aguilar, una investigadora universitaria especializada en temas de seguridad y violencia.
Amnistía Internacional expresó en un comunicado que “las múltiples denuncias de francotiradores apostados en las proximidades de la Asamblea Legislativa, la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos del país”.
Hasta este lunes no quedaba claro por qué Bukele había permitido la presencia militar en el Congreso, pero algunos lo interpretaron como un modo de presión.
