El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, lanzó un reto público a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Le pidió que demuestre que es falso lo que su partido afirma sobre la nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En caso de comprobarlo, dijo que renunciaría a su cargo.
¿Qué dice el PAN sobre la Ley de Telecomunicaciones?
El dirigente panista afirmó que la reforma aprobada recientemente por el Congreso permite a cualquier autoridad de seguridad o procuración de justicia solicitar la ubicación en tiempo real de un ciudadano sin necesidad de una orden judicial.
Renuncio a la presidencia del PAN si ella puede demostrar que es falso cuando decimos que ahora la autoridad que quiera […] puede pedirles a las telefónicas […] tu ubicación en tiempo real sin que medie orden judicial”.
El PAN sostiene que esto representa una amenaza a la privacidad de las personas.
¿Quiénes pueden pedir tu geolocalización, según el PAN?
Romero, junto con los líderes estatales del PAN y coordinadores parlamentarios, señaló que ahora no solo la Secretaría de Seguridad, sino también la Guardia Nacional podría tener acceso a la ubicación de los ciudadanos en tiempo real.
El coordinador de los diputados federales, Elías Lixa, aseguró que estas nuevas facultades se extienden a diversas instituciones del gobierno.
¿Qué más incluye esta reforma, según los legisladores panistas?
De acuerdo con el PAN, además de la geolocalización sin orden judicial, existen otros elementos preocupantes:
Ley General de Población: Según Ricardo Anaya Cortés, ahora será obligatorio entregar la CURP biométrica para cualquier trámite, tanto público como privado.
Con teclear tu CURP van a poder saber dónde estuviste, qué compraste, dónde te hospedaste, a dónde viajaste”.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aclaró qué sucede con la reforma de Telecomunicaciones, votada en la cámara, tras la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum. | Gobierno de México y APLey de Inteligencia: Según Elías Lixa, esta permite compartir información con gobiernos extranjeros, especialmente con Estados Unidos. Esto, señalaron, afectaría a migrantes cuyos datos biométricos no estaban registrados.
