Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, solicitó a los diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Esto, dijo, para permitir una declaración de abandono por vía administrativa de cuentas bancarias relacionadas con la delincuencia organizada o actos de corrupción que no sean reclamadas en un plazo de 90 días.
Al participar en el Foro Regional Interparlamentario sobre Seguridad en la Cámara de Diputados, señaló que la institución a su cargo tiene detectadas cuentas relacionadas con la trata de personas y con el Cártel Jalisco Nueva Generación que no han sido reclamadas y que, pese a ello, no pueden ser utilizadas en beneficio del País.
Nieto indicó que en la cuenta relacionada con trata de personas hay 80 millones de pesos, mientras que la vinculada con el cártel suma 2 millones de dólares.
Dijo que con la normativa actual, la única opción es que la UIF solicite al Ministerio Publico la integración de la carpeta de investigación para que se judicialice y así llegar hasta el decomiso de los recursos.
No obstante, señaló, este procedimiento penal tardaría entre dos y tres años.
Ante ello, Nieto recomendó reformar la “ley antilavado” para que las cuentas vinculadas con actos ilícitos que no son reclamadas en un plazo de 90 días puedan ser sujetas de extinción de dominio.
“La opción B podría ser reformar la ley y permitir, en esos casos, generar una especie de abandono administrativo, si pasan 90 días y nadie reclama una cuenta, perdónenme, pero podemos en ese momento solicitarle al Ministerio Público la extinción de dominio de esos bienes”, indicó.
“Creo que podríamos utilizar esos recursos en lugar de esperarnos dos o tres años de un procedimiento penal”.
Nieto reiteró a los legisladores que la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito promovida por Morena el año pasado no tenía como objetivo otorgarle a la UIF la facultad de iniciar procesos de extinción de dominio.
Reconoció que la institución a su cargo no puede llevar a cabo este procedimiento sin la intervención del Ministerio Público y de un juez, como lo establece la Constitución.
El titular de la UIF presumió que en 2019 lograron 84 sentencias condenatorias por lavado de dinero, mientras que en 2018, éstas sumaron sólo 6.
En materia de recursos, dijo, el año pasado el dinero congelado sumó 4 mil 500 millones de pesos, en tanto que entre 2015 y 2018 fue de 15 millones de pesos, cifra que calificó como ridícula.
El funcionario recomendó, además, crear mejores mecanismos de control para los casinos, ya que tiene conocimiento de casos en los que a través de éstos recibían pagos familiares de líderes de los cárteles de la droga.
“Yo creo que la actividad de casinos es muy importante que se regule, que tengamos mejores mecanismos de control en el caso de los casinos, porque aquí eran casos donde pagaban a familiares de líderes de los cárteles de la droga a partir de ganancias que obtenían en los casinos, lo cual es raro que alguien esté ganando mensualmente 2 millones de pesos en un casino”, indicó.
Nieto señaló también que tiene conocimiento de organizaciones de migrantes sin fines de lucro que protegen y apoyan el tráfico de personas, por lo que llamó la atención sobre la necesidad de desterrar los vínculos entre la migración, la trata de personas y las afectaciones a la seguridad.
“El otro modelo son transferencias hacia organizaciones sin fines de lucro que en muchas ocasiones hacen actividad lícita, evidentemente, pero en otras, que en realidad lo que hacen es proteger y apoyar el tráfico ilícito de personas”.
