Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- El Juez federal que en julio y agosto concedió tres suspensiones definitivas para frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), se encamina a levantar todos los obstáculos legales para el proyecto a partir de hacer “nuevas reflexiones y análisis”.
Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, ya rechazó incluso que se tengan que conservar las obras del cancelado aeropuerto de Texcoco, como lo había establecido en sus sentencias previas.
El Juez cambió su postura luego de que el 29 de agosto el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional -adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República-, aceptó mediante oficio una solicitud presentada un día antes por la Sedena, para incorporar al Inventario de Infraestructura Estratégica del País todos los bienes del Ejército, muebles e inmuebles.
Así, mientras el 30 de julio Guzmán Rosas suspendió las obras en Santa Lucía con el argumento de que había riesgo de que no se cumplieran los estándares de seguridad requeridos, en una nueva sentencia señala que se afectarían incluso órdenes para la defensa de la soberanía del País.
Esto fue argumentó al negar, el pasado 25 de septiembre, otra suspensión en el amparo 1206/2019.
“Significaría el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense, que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional.”
Además, señaló que de concederse la suspensión, sigue en perjuicio el interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues se impediría al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo, como lo es el espacio aéreo.
Incluso el juzgador abandonó su anterior argumento -basado en un fallo del tribunal colegiado-, de que el quejoso, al igual que el resto de los mexicanos, tienen interés común en que el Gobierno ejerza un gasto eficaz y óptimo de los recursos públicos.
En ese aspecto, su nueva sentencia señala:
“Es improcedente otorgar la suspensión… (alegando) el uso eficiente de los recursos públicos.”
Explica que esto está basado en que la futura formalización y ejecución del contrato con relación al proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, implica la utilización de recursos públicos para la prestación de un servicio.
