Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de que Estados Unidos iniciara el retorno de solicitantes de asilo a territorio mexicano, el país ha recibido a 62 mil 144 personas que buscan protección internacional.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), 35 mil 751 hombres y 26 mil 393 mujeres han sido devueltos por el Gobierno de Donald Trump bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
La medida inició de manera unilateral el 29 de enero de 2019 en Tijuana, pero luego de los acuerdos del 7 de junio entre los Gobiernos de México y Estados Unidos para evitar aranceles a las exportaciones mexicanas al país vecino del norte, el programa, ya de manera bilateral, se expandió en número y a más ciudades fronterizas.
Del total de retornados 34 por ciento son menores de edad y la mayoría, 37 por ciento del total, son originarios de Honduras.
Aunque los solicitantes de asilo del norte de Centroamérica lideran la lista de retornados, también hay personas de Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Perú, Colombia, Costa Rica, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Belice, Paraguay, Bolivia, Panamá, Albania e incluso tres españoles retornados.
La ciudad fronteriza que ha recibido más solicitantes de asilo es Ciudad Juárez, con el 30 por ciento.
Le siguen Matamoros con 27 por ciento; Nuevo Laredo con 19 por ciento; Tijuana con 12 por ciento; Mexicali con 11 por ciento; y Piedras Negras con el 0.01 por ciento.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, aseveró que las personas que se encuentran bajo el programa viven una situación de crisis humanitaria, debido a que sólo el 1.5 por ciento tiene acceso a representación legal en Estados Unidos para llevar sus casos y únicamente 100 personas han logrado obtener el asilo.
“Yo creo que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador pensó que iba a ser pasajero, pero ya cumplió un año, un año desastroso. Fue un cálculo ingenuo de parte de México aceptar algo así”, dijo en entrevista.
IMUMI presentó un amparo contra el MPP en México en abril de 2019 contra la participación del Gobierno mexicano por la violación de debido proceso, por falta de acceso a derechos en México que prometieron como autorización para trabajar, acceso a vivienda, salud, educación y también porque el País no está garantizando el derecho de la no devolución.
“Al haber aceptado México la medida, el País es participe de procesos violatorios que no garantizan la protección internacional a quien lo necesita”, afirmó.
En entrevista, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Mark Manly, afirmó que la oficina de la ONU está preocupada por la situación de seguridad de los solicitantes de asilo que son regresados bajo el MPP porque se encuentran en las ciudades del norte de México donde hay muchos riesgos.
“Nos preocupa la situación humanitaria para muchos de ellos”, expresó.
