Agencia Reforma
NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- En una muestra del control que ejerce a lo largo de la frontera, el crimen organizado en Nuevo Laredo secuestra y enrola a los centroamericanos que pidieron asilo a Estados Unidos y fueron devueltos a México para esperar su trámite.
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) ha documentado casos en los que personas que han sido devueltas bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) son obligadas a trabajar para bandas criminales.
De acuerdo con registros de MSF, 33 de las 44 personas a las que brindaron atención mental en octubre del 2019 dijeron haber sido secuestradas en los siete días previos, una estadística sin precedentes en seis años de labor de la organización en México.
“Son mercancía para el crimen organizado”, dijo Sergio Martín, coordinador de MSF en México.
“Tuvimos un incremento en el periodo que duraba el secuestro, teniendo casos de personas y familias que fueron retenidas por varias semanas, mientras uno u otro miembro de la familia era obligado a trabajar para la organización.
“Dentro de nuestra consulta terapéutica se reportaba el tiempo en que duró el evento, y en las narrativas se daba cuenta que el objetivo era obtener dinero”, añadió.
“Muchos tienen familiares en Estados Unidos, y cuando eso no es posible, pues tratan de sacar algo, es cuando son forzados a trabajar”.
La ciudad de Nuevo Laredo, donde el crimen ha infiltrado instituciones como aduanas y policías, como ha hecho en otros puntos fronterizos, está identificada como una plaza en la que opera el Cártel del Noreste, emanado de los Zetas.
La presencia criminal es tal que el Departamento de Estado de Estados Unidos cataloga a Tamaulipas con violencia Nivel 4, similar al de Siria y Afganistán, por lo que le advierte a sus ciudadanos que no viajen a esa entidad.
Desde julio del 2019, el Gobierno de Donald Trump comenzó a enviar a Nuevo Laredo a los solicitantes de asilo para que esperen ahí sus audiencias en las cortes de Estados Unidos.
De esa fecha a diciembre, 11 mil 770 migrantes fueron enviados a esa ciudad, de los cuales, según estadísticas judiciales estadounidense, 4 mil 763 siguen en espera de su primera audiencia, 4 mil 080 ya desistieron del proceso y 2 mil 927 han acudido a más de una audiencia.
La mayoría, 5 mil 454, son de origen hondureño.
El Instituto para las Mujeres en la Migración registró entre septiembre y octubre del 2019, 418 reportes de secuestros de migrantes devueltos a los diferentes puntos en que opera el MPP: Nuevo Laredo, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Matamoros.
