El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad (110 votos a favor) una reforma que endurece significativamente las sanciones por el delito de extorsión. El objetivo principal es homologar las leyes, asegurar el castigo y evitar la liberación anticipada de sentenciados. La reforma regresa ahora a la Cámara de Diputados (“San Lázaro”) debido a los múltiples cambios realizados por el Senado.
Aumento de Penas Base
La pena por extorsión se incrementó de los 6 a 15 años propuestos originalmente, a un rango de 15 a 25 años de prisión.
Se establece que el delito de extorsión se investigará de oficio y se podrá realizar la denuncia de forma anónima.
El incremento en las penas busca evitar que personas actualmente sentenciadas puedan ser liberadas de forma anticipada si la nueva ley estableciera sanciones más bajas que las aplicadas en algunas entidades federativas.
Agravantes y Casos Específicos
Las penas aumentan considerablemente en casos con agravantes, pudiendo alcanzar hasta 40 años de prisión:
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Violencia y Armas: Cuando la extorsión se realice con violencia o el uso de armas (reales o de apariencia), se sumarán entre 3 y 17 años adicionales a la pena base.
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Montachoques: Se incluyó como agravante la extorsión que usa la violencia física o moral para exigir el cobro de un daño derivado de un accidente de tránsito provocado intencionalmente (fenómeno conocido como “montachoques”). En estos casos, la pena se aumentará de 7 a 17 años de prisión.
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Servidores Públicos: Se endureció la sanción a los funcionarios que no denuncien el delito de extorsión. El servidor público que se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o la Policía enfrentará una pena de 10 a 20 años de prisión.
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Cárceles: Se fija una pena de 6 a 12 años para quien introduzca sin autorización un dispositivo electrónico o de telefonía a un centro de readaptación social o penitenciario.
Unidades Especializadas
A diferencia de la propuesta original que centralizaba la investigación en unidades especializadas en secuestro de la Fiscalía General de la República (FGR), el Senado determinó que las Fiscalías o Procuradurías locales serán las encargadas.
Estas instituciones locales deberán contar con unidades, Ministerios Públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados exclusivamente en materia de extorsión.
