La transmisión de anuncios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) durante partidos de fútbol de la Liga MX —en los que se advierte a “criminales extranjeros” que no crucen la frontera— fue interpretada como un pretexto oportuno para concretar una transformación regulatoria más amplia. Desde hace meses, el gobierno federal mexicano impulsa una transformación de fondo: una nueva ley que concentra las funciones regulatorias en telecomunicaciones y radiodifusión en una entidad subordinada al Ejecutivo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la Presidencia al Senado, establece que “la Secretaría de Gobernación ejercerá las facultades correspondientes a la administración de los tiempos de Estado […] así como vigilar que las transmisiones de radiodifusión y contenidos audiovisuales se apeguen a lo establecido en la ley, debiendo sancionar su incumplimiento”.

Ademàs, el proyecto prevé penalizaciones económicas a medios nacionales que emitan mensajes de gobiernos extranjeros: “Se impondrán multas de hasta el cinco por ciento de los ingresos anuales a los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística o cultural y otros casos determinados por la Agencia”.

Este nuevo marco normativo elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo, y transfiere sus funciones a la Agencia creada en noviembre pasado y encabezada por José Antonio Peña Merino.

“Conforme a la citada reforma Constitucional, (las atribuciones del IFT serán asumidas) por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de formular y dirigir las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, se lee en la exposición de motivos.

Se impondrán multas de hasta el cinco por ciento de los ingresos anuales a los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros

La Agencia tendrá la responsabilidad de administrar el espectro radioeléctrico, regular la radiodifusión, supervisar servicios, otorgar concesiones y aplicar sanciones. “La administración del espectro radioeléctrico se ejercerá por la Agencia (…) lo que incluye la elaboración y aprobación de planes y programas de uso, el establecimiento de condiciones para la atribución de bandas de frecuencia, el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y constancias de registro, la supervisión de las emisiones radioeléctricas, la aplicación del régimen de sanciones, y cualquier otra acción necesaria”, indica el documento.

La administración del espectro radioeléctrico se ejercerá por la Agencia, lo que incluye la elaboración y aprobación de planes de uso, el otorgamiento de concesiones y la aplicación de sanciones

El texto argumenta que la reforma busca “reducir la brecha digital” y atender “zonas de muy difícil acceso”, pero también señala que la Agencia garantizará “la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico o capacidad de redes para el Ejecutivo Federal con fines de seguridad nacional, seguridad pública, conectividad de sitios públicos, cobertura social y demás necesidades, funciones, fines y objetivos a su cargo”.

El nuevo regulador tendrá también facultades para emitir “disposiciones administrativas, así como ordenamientos técnicos en materia de radiocomunicaciones espaciales, plataformas de gran altitud y servicios satelitales”, además de “llevar a cabo pruebas destinadas a la investigación y el desarrollo tecnológico […] utilizando cualquier banda de frecuencias disponible, para cualquier servicio de radiocomunicaciones”.

Respecto a las concesiones sociales, se establece que “estas concesiones tienen como objetivo, fortalecer la comunicación permitiendo que las radios sociales y comunitarias desempeñen un papel clave en la difusión de contenidos de interés público”, aunque también advierte que “la solicitud y el otorgamiento de concesiones podrían derivar en la acumulación de este recurso, limitando su disponibilidad para otros actores”.

La iniciativa otorga al Ejecutivo Federal control total sobre las asignaciones, regulaciones y supervisiones sin requerir, como antes, la intervención de un órgano independiente como el IFT. “El Gobierno Federal contará con las concesiones, autorizaciones y asignaciones en radiodifusión y telecomunicaciones, necesarias para el ejercicio de sus funciones”.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), consideró que la iniciativa se limita a empoderar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“Lo que busca es fortalecer la institucionalidad y las atribuciones de la agencia y la nueva autoridad de competencia, que todavía no existe, y que será la que tome las acciones de preponderancia. No mueve en gran medida lo que dice la reforma de 2014, sino que centraliza las atribuciones y el poder del sector en la Presidencia de la República”, comentó el especialista a El Sol de México.

Bravo destacó que el poder concentrado también permitirá al regulador el bloqueo de alguna plataforma digital cuando las autoridades se lo soliciten por incumplimiento a disposiciones u obligaciones, sin embargo, señala que la agencia emitirá los lineamientos para esta acción.

El presidente de la Amedi consideró que la nueva iniciativa deja a la industria en una especie de “pasmo”, ya que no otorga flexibilidad a los agentes preponderantes y espera que el nuevo órgano de competencia determine las reglas en ese sentido.

Este diario buscó a las principales empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información (Canieti) para solicitar una postura sobre la iniciativa, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

“Está bien que fortalezca al regulador, porque nadie quiere instituciones débiles, pero darle tanto poder a una agencia que no es autónoma sólo hace más fuerte al poder Ejecutivo en un sector relevante de la economía por los ingresos que genera, su dinamismo y la transversalidad que tiene”, concluyó Bravo.