De febrero del año 2019 y abril de este 2025, los reclusos (PPL) en el país creció 21 por ciento, mientras que 14 prisiones fueron cerradas, lo que redujo aún más la capacidad del propio sistema penitenciario.
Sin embargo, los datos de saturación de cárceles considerando la capacidad para la que fueron construidos demuestran más la realidad.
La sobrepoblación en las cárceles del país casi se duplicó en los últimos seis años, al pasar de 10 mil 157 presos de más en 118 cárceles saturadas, a 20 mil 212 personas en exceso en 133 centros penitenciarios sobrepoblados.
- 2019 PPL 199,030 / sobrepoblación 10,157
- 2025 PPL 240,212 / sobrepoblación 20,212
De acuerdo con información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), de la Secretaría de Gobernación Federal, los motines y las revueltas penitenciarias están lejos de ser eventos aislados, sino que apuntan más hacia ser la respuesta de la población internada a un sistema que los deshumaniza.
¿Cuáles son los penales más sobrepoblados?
El penal de Chalco, en el Estado de México, es quizás el caso más extremo de violencia y corrupción que existe en el país: en este lugar habitan 3 mil 626 internos en un espacio que fue diseñado sólo para 557 prisioneros sentenciados.
Es decir, sobrepasa en 650 por ciento su capacidad y donde los enfrentamientos y las rivalidades entre grupos por el control del espacio están a la orden del día.
¿A qué capacidad se encuentran los penales de Chiapas y Guerrero?
Los centros penitenciarios estatales de Chiapas y Guerrero se encuentran a 200 y 300 por ciento de sobrecupo, pero con la característica común de que la mayoría de la población penitenciaria en estos lugares es indígena y rural, donde la escasez de recursos básicos como el agua, las medicinas o los alimentos exacerban los conflictos y la corrupción de los custodios para hacerlos llegar a la población.
Más cárceles no es la solución
Para Amnistía Internacional, la construcción de más prisiones no es la solución que la Administración Federal debería aplicar, pues de acuerdo con esta organización defensora de los derechos humanos, la población mexicana busca justicia, no más castigo.
Si bien en 2020, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la liberación de presos sentenciados por delitos no graves, los números actuales muestran que las causas judiciales que tienen en crisis al sistema penitenciario no se están atacando.
La organización mexicana de derechos civiles Observatorio de Prisiones Documenta señala que el actual Gobierno Federal debe enfocar sus esfuerzos de readaptación social en tres vertientes:
- Restringir la prisión preventiva a casos excepcionales.
- Agilizar los juicios orales y promover medidas alternativas al encarcelamiento.
- Fortalecer los programas de reinserción social con un enfoque educativo que ofrezca a los sentenciados acceder a una segunda oportunidad real.
Amnistía Internacional también señala que la deuda con el sistema penitenciario mexicano también es una deuda con transformación democrática del país, pues la deshumanización y el abandono de la población penitenciaria también es una falla de la sociedad en su conjunto.
