Agencia Reforma
La transferencia de todos los documentos históricos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Archivo General de la Nación (AGN), para su consulta pública, tardará hasta cuatro años.
Los Lineamientos para que dependencias y entidades federales envíen al AGN los documentos históricos relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas y actos de corrupción establecen plazos de 1 a 4 años para los archivos del Cisen.
De un año para los documentos que pertenecen al periodo comprendido entre 1986 a 1990; de dos años para el periodo 1991 a 1995; de tres años para el periodo 1996 a 2000; y de cuatro años para los archivos del periodo 2001 a 2004.
“Los documentos históricos que comprendan el periodo de 2005 a noviembre de 2018 se transferirán en observancia a su Catálogo de Disposición Documental y las demás disposiciones aplicables”, se lee en los lineamientos publicados hoy en el Diario Oficial de la Federación.
El 28 de febrero, el Ejecutivo publicó un Acuerdo que ordena a toda la Administración Pública Federal entregar al AGN los documentos que posea relacionados con dichos temas, y dio un plazo de 30 días naturales para que se emitieran los lineamientos sobre dicha transferencia.
Ponen ‘candados’ a archivos de seguridad nacional
En el caso de las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano, deberán enviar al AGN los documentos que obren en su poder, cumpliendo con las disposiciones y constitucionales y legales aplicables.
No serán transferidos al AGN los documentos que estén clasificados como reservados conforme a las disposiciones jurídicas, o bien, que contengan información relacionada con operaciones de inteligencia en curso.
Tampoco aquellos que impliquen la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipos útiles para la generación de inteligencia para la seguridad nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen.
Estas instancias, que en función de sus atribuciones participan directa o indirectamente en las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, tampoco transferirán archivos que “puedan ser utilizados para actualizar o potenciar una amenaza”.
“De manera particular, deberán atenderse las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Seguridad Nacional, y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información”, se agrega.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido hacer público el contenido de los expedientes secretos del Cisen, ahora Centro Nacional de Inteligencia, sin limitaciones ni reservas.
