Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y uno de los empresarios más acaudalados de México, acudió a instancias internacionales luego de perder diversos litigios fiscales en tribunales mexicanos, al presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como presunta víctima de persecución política.
Durante una visita a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., el empresario se reunió con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a quien expuso su versión sobre lo que considera un hostigamiento del Estado mexicano derivado de sus posturas críticas hacia el gobierno.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Salinas Pliego afirmó que su denuncia se sustenta en lo que calificó como acoso desde conferencias oficiales. “Más de 600 menciones de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, evasión fiscal, bla, bla, bla”, expresó afuera de la sede del organismo internacional.
En un comunicado, Grupo Salinas informó que solicitó a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y que ordene garantías de no repetición, con el objetivo —según el corporativo— de restaurar la independencia judicial y proteger la libertad de expresión y el derecho de propiedad en México.
Los litigios fiscales del grupo empresarial se arrastran desde hace casi dos décadas. Tras perder en primera y segunda instancia, los casos llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el año pasado resolvió no amparar a Grupo Salinas, permitiendo a la autoridad fiscal cobrar adeudos que, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, superan los 70 mil millones de pesos correspondientes a empresas como Elektra y TV Azteca.
El propio Salinas Pliego ha reconocido públicamente que sus empresas mantienen adeudos con el fisco, aunque ha cuestionado el monto determinado por las autoridades. Tras el fallo de la Suprema Corte, el empresario adelantó que recurriría a instancias internacionales, acción que ahora se concreta con su acercamiento a la CIDH.
Grupo Salinas sostiene que existe un “uso político del aparato fiscal” en su contra y argumenta que la exigencia de pago no responde a fines recaudatorios, sino a una represalia por las críticas del empresario al gobierno. Además, señaló que el caso de Salinas Pliego representa, a su juicio, una advertencia sobre una presunta crisis institucional en el país.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre la queja presentada por el empresario ante la CIDH.
