Claudia Guerrero/ Agencia Reforma
CD. DE MÉXICO.- Para perseguir a los llamados factureros, la Procuraduría Fiscal no sólo podrá realizar escuchas de comunicaciones privadas, sino también utilizar agentes infiltrados, realizar cateos y pedir al Poder Judicial que castigue hasta con 16 años de cárcel a los responsables.
Carlos Romero Aranda, Procurador fiscal de la Federación, defendió este martes la aprobación de las reformas que permitirán sancionar la defraudación fiscal como delincuencia organizada.
En conferencia en Palacio Nacional, explicó la gradualidad que aplicará en el caso de las sanciones, ya que no todos los casos ameritarán prisión preventiva oficiosa.
Romero Aranda detalló que se castigará con entre 4 y 16 años de cárcel a quien incurra en el supuesto de delincuencia organizada, entendida como el conjunto de tres o más personas cuyo único objetivo es el crimen, que no son contribuyentes, que su actividad criminal es permanente o reiterada y que hayan realizado defraudación fiscal por más de 7.8 millones de pesos.
El funcionario reconoció que también aplicará la prisión preventiva oficiosa, de tres meses a 13.5 años de cárcel, a quien incurra en alguno de los delitos calificados en el Código Fiscal de la Federación, como uso de documentos y datos falsos para obtener devoluciones; no contar registros contables; no enterar retenciones; manifestar datos falsos para compensar o acreditar; defraudar por más de 7.8 millones de pesos y reportar pérdidas fiscales inexistentes.
En este caso, detalló, no hay salidas alternas, pero procede perdón.
El Procurador informó que se castigará con prisión de dos meses a 9 años a quienes incurran en los delitos contemplados en los artículos 108, 109, 113 BIS del Código, aunque en este caso no habrá prisión preventiva oficiosa y aplicarán salidas alternas.
Ante las preocupaciones expresadas por el sector empresarial, el Procurador sostuvo que existen filtros Institucionales y legales antes de la prisión.
Los filtros incluyen una auditoría del SAT, una querella de la Procuraduría, la investigación de la Fiscalía General de la República, la investigación con control judicial, el juicio, la emisión de sentencia, los medios de impugnación y el juicio de amparo.
