La defensa legal de tres personas lesionadas durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra diversas empresas constructoras y contra servidores públicos que resulten responsables, por los presuntos delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.
En conferencia de prensa, el abogado Adrián Arellano informó que la denuncia fue interpuesta en contra de las empresas Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, al señalar presuntas irregularidades en la supervisión, construcción y rehabilitación de la vía ferroviaria.
El litigante, quien representa a Juan Manuel Iglesias, explicó que tanto su cliente como su esposa e hijo resultaron lesionados en el accidente ocurrido el pasado 28 de diciembre. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desde 2019 y hasta 2025 diversas anomalías en las obras ferroviarias, entre ellas deficiencias en la supervisión y falta de evidencia fotográfica de los trabajos realizados.
“La ASF advirtió una mala supervisión, una deficiente construcción y una inadecuada rehabilitación. En algunos contratos no existe siquiera evidencia documental o fotográfica de las obras que se supone fueron ejecutadas”, señaló Arellano.
Indicó que la familia afectada es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se dirigía a Oaxaca para entregar ayuda humanitaria cuando ocurrió el descarrilamiento, lo que truncó su misión y derivó en lesiones físicas y afectaciones emocionales.
A través de una videollamada, Juan Manuel Iglesias denunció además una deficiente coordinación de las autoridades tras el accidente, particularmente en el traslado oportuno a un hospital para recibir atención médica.
“Esta demanda busca llegar a los funcionarios que omitieron su trabajo y que se prestaron a la corrupción. El resultado es que mi esposa, mi hijo y yo estamos lesionados, y más allá de eso, 14 personas perdieron la vida por una omisión”, expresó.
Si bien agradeció el apoyo del Gobierno Federal y de las instancias de atención a víctimas, también criticó las condiciones del hospital civil donde fue atendido, al señalar carencias de insumos, medicamentos y un trato poco sensible hacia los familiares de los pacientes.
“Hay un trato inhumano hacia quienes esperan noticias de sus seres queridos. Yo pasé dos días durmiendo afuera del hospital, prácticamente como indigente”, relató.
Finalmente, Iglesias reiteró que la denuncia busca que se investigue a fondo y se finquen responsabilidades “hasta las últimas consecuencias” contra empresas, funcionarios o autoridades que no cumplieron con su deber.
