La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, reafirmó su compromiso con la justicia laboral y la vigilancia activa del cumplimiento en el reparto de utilidades, en congruencia con los principios del gobierno humanista y transformador que encabeza el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya.
Luis Gerardo Illoldi Reyes, titular de la dependencia estatal, informó que a través de la Dirección de Inspección, se mantiene una supervisión constante para asegurar que las y los empleadores cumplan con esta obligación, tal como lo establece la legislación laboral vigente.
Destacó que las empresas se encuentran dentro de los plazos legales para efectuar el pago del reparto de utilidades: Para personas morales (empresas), la fecha límite es el 31 de mayo y para personas físicas (patrones individuales), el plazo se extiende hasta el 30 de junio.
En este sentido, el secretario del Trabajo, exhortó a las y los trabajadores a mantener la calma durante este periodo, y a los empleadores, a respetar los tiempos y lineamientos establecidos por la ley.
No obstante, en caso de detectarse omisiones o incumplimientos, Illoldi Reyes, indicó que se procederá conforme a lo establecido por las autoridades competentes, lo que puede derivar en investigaciones, sanciones administrativas e incluso multas económicas, tanto por parte del ámbito fiscal federal. Las sanciones pueden alcanzar hasta los 900 mil pesos, dependiendo de la gravedad y circunstancias del caso.
Es importante recordar que todas las empresas y empleadores con fines de lucro que hayan generado utilidades en el ejercicio fiscal anterior están obligados a cumplir con esta prestación.
El secretario destacó que el año pasado, no se impusieron multas por este concepto, lo cual refleja un avance positivo, aunque persiste la necesidad de reforzar la cultura de cumplimiento.
Por último señaló que desde la STPS, se impulsa una política laboral centrada en el bienestar de las y los trabajadores, promoviendo condiciones más justas y equitativas, tal como lo ha marcado la ruta del cambio con sentido humano y justicia social que distingue al gobierno estatal.
