Tras más de seis años de recursos legales, resoluciones y expedientes que transitaron por instancias judiciales sin cruzar fronteras, la justicia federal puso punto final al proceso de extradición contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo determinó de manera definitiva que la entrega del exmandatario a autoridades de Estados Unidos es jurídicamente improcedente, al confirmar que los hechos por los que era requerido ya fueron juzgados en México.
La resolución retoma un criterio sostenido desde 2018, cuando un juez federal estableció que no puede aplicarse un segundo proceso penal por los mismos delitos, aun cuando exista una solicitud internacional de por medio. El principio constitucional de non bis in idem —que prohíbe juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos— fue clave para cerrar el caso.
De acuerdo con el amparo en revisión 329/2018, Hernández Flores ya enfrentó procesos en territorio mexicano por delitos relacionados con asociación delictuosa y lavado de dinero, los mismos cargos que motivaban el interés del gobierno estadounidense.
Durante la sesión, los magistrados subrayaron que la Constitución mexicana prevalece incluso en casos de alta exposición pública y presión internacional, y que sus principios no pueden ser interpretados de manera discrecional.
Con esta resolución, el Tribunal dio por concluido un litigio que se prolongó por más de seis años, dejando firme que la extradición no procedía ni procederá. En términos prácticos, Eugenio Hernández permanecerá en México, respaldado por una resolución judicial definitiva.
Así, el caso se cierra no por una frontera geográfica, sino por un límite legal claro: el de la Constitución.
