La medida de la Corte Suprema anula temporalmente la decisión de una jueza federal que había prohibido estas redadas, las cuales habían sido denunciadas por activistas y ciudadanos por violaciones constitucionales y discriminación racial.
La mayoría de los jueces argumentó que las detenciones basadas en “sospecha razonable” son una práctica común en la aplicación de las leyes de inmigración y se han usado por décadas en diferentes gobiernos.
La jueza Sonia Sotomayor, junto a otros dos jueces, se opuso a la decisión. Sotomayor la calificó como un “grave abuso”, señalando que muchas personas han sido detenidas y esposadas solo por su apariencia o acento, lo que ha generado un fuerte rechazo social en la región.
Esta decisión es vista como un importante triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump y su política de deportaciones masivas, y podría sentar un precedente para operativos similares en otras ciudades con gran población inmigrante.
La resolución permite que las detenciones continúen mientras el caso sigue su curso en los tribunales inferiores.
