En el primer juicio por el Caso Pegasus, iniciado ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) valora desistirse de su intención de llamar a declarar en calidad de testigos a cinco de sus ex funcionarios, entre ellos a Omar García Harfuch, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y hoy aspirante al Senado de la República.
Autoridades federales confirmaron que también existen altas posibilidades de que la FGR renuncie a las comparecencias de Cristian Noé Ramírez Gutiérrez, ex administrador de Pegasus en la PGR, y Gustavo Salas Chávez, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, ambos en la gestión de Arely Gómez.
También a las del General Inocente Fermín Hernández Montealegre, ex titular titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano de inteligencia de la PGR, y Vidal Díazleal Ochoa, ex titular de la Policía Federal Ministerial.
La razón por la que ahora la Fiscalía quiere dar marcha a atrás en los interrogatorios a los testigos es que le pueden resultar “reiterativos” porque a todos les iban a cuestionar con una misma pregunta, es decir, que dijeran si la PGR adquirió el sistema Pegasus.
Todos los aludidos ya dieron esa respuesta por oficio a la Fiscalía y, además, la propia dependencia cuenta con documentación para establecer que esa tecnología efectivamente la adquirió la PGR en el sexenio pasado.
Todos los mencionados ya están citados en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, para comparecer en el juicio de Juan Carlos García Rivera, empleado del grupo empresarial KBH, proveedor de Pegasus.
En el caso de Harfuch, el citatorio le fue girado para que se presente en la sala de audiencias el próximo 18 de diciembre.
Cabe decir que en este tipo de interrogatorios, el testigo no sólo debe responder a los cuestionamientos de la FGR sino también a la defensa del acusado y, en este caso, al representante legal de la víctima del espionaje.
La FGR ya le hizo saber al juez de control Luis Benítez Alcántara, constituido en tribunal de enjuiciamiento, que va a desistirse de algunos testimonios que le resultan reiterativos.
En el juicio contra García Rivera, por el delito de intervención de comunicaciones privadas, a lo largo del mes de diciembre serán desahogados 124 documentales y 24 dictámenes periciales, así como las comparecencias de 71 testigos, incluidos ex mandos policiacos, de la FGR, académicos y activistas canadienses, un General y hasta un funcionario de la Secretaría de Economía.
Agencias.
